El contexto legal y normativo de la debida diligencia para el Estado colombiano y el Distrito Capital se basa en la adopción de estándares internacionales y una legislación interna que busca prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y la corrupción.
🏛️ Marco Normativo General en Colombia
Colombia ha incorporado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen la necesidad de que las instituciones financieras y otras entidades adopten medidas de debida diligencia del cliente. Esta obligación se ha trasladado a la legislación nacional, enfocándose principalmente en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
- Ley 2195 de 2022: Esta ley es clave en la lucha contra la corrupción y fortalece las medidas de transparencia. Establece que las personas jurídicas deben implementar programas de ética empresarial que mitiguen los riesgos de corrupción, lo cual se articula con los sistemas de administración de riesgos existentes.
- Ley 1121 de 2006: Esta norma es fundamental para la prevención y sanción de la financiación del terrorismo. En su artículo 27, exige la identificación de contratistas para prevenir la canalización de recursos ilícitos.
- Jurisprudencia: Aunque no existe una ley única que regule la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial que aplica las normas del derecho internacional para obligar a las empresas a actuar con la debida diligencia, especialmente para prevenir violaciones de derechos humanos.
La debida diligencia se define como el proceso mediante el cual una entidad identifica a sus contrapartes (clientes, proveedores, contratistas), verifica su identidad y entiende la naturaleza de su negocio para mitigar riesgos de actividades ilícitas. Las medidas deben ser proporcionales al nivel de riesgo.
🏙️ Normativa Específica del Distrito Capital de Bogotá
El Distrito Capital ha desarrollado su propio marco normativo para adaptar los lineamientos nacionales a la gestión pública local, con énfasis en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Documento Técnico sobre Adaptación de Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos de LA/FT/FP: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá publicó este documento en 2022, el cual unifica y actualiza los lineamientos para que las entidades distritales adopten medidas para la prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Resolución 137 de 2023 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP): Este es un ejemplo concreto de cómo una entidad distrital implementa la normativa. La resolución establece la obligatoriedad de realizar la debida diligencia en tres momentos clave: antes de la vinculación, semestralmente y cuando se presenten alertas. También detalla las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
- Acuerdo Distrital 927 de 2024: El Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” incluye un programa enfocado en un gobierno abierto, íntegro, transparente y correspondiente. Este programa incorpora principios de debida diligencia, responsabilidad y transparencia para salvaguardar la ética en la gestión pública.
En resumen, la debida diligencia en el Distrito Capital no solo cumple con las directrices nacionales e internacionales, sino que también se ha integrado en las políticas de gestión pública para fortalecer el control, la transparencia y la probidad en la administración de los recursos públicos y la relación con terceros.
El Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción (MGJA) es un instrumento de gerencia pública diseñado e implementado en el Distrito Capital de Bogotá para la coordinación de las actividades jurídicas que buscan prevenir y combatir la corrupción. Su marco legal y normativo se basa en la legislación nacional y la regulación distrital, que lo establecen como una herramienta obligatoria para todas las entidades de la administración pública de Bogotá.